La nueva norma eleva a más de 200 los delitos por los que deberán responder los líderes empresariales y las sanciones también aumentan. Por eso, pequeñas y medianas empresas deberán fortalecer su modelo de prevención y cultura de cumplimiento.

La Ley 21.595, conocida como “Ley de Delitos Económicos”, ampliará significativamente el número de delitos por los cuales deberán responder representantes de empresas de todos los tamaños. Pero, el nuevo sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas no sólo eleva a 200 el listado de ilícitos, sino también las penas asociadas a ellos.

“Este cambio de paradigma obliga a las empresas a tomar medidas concretas para prevenir delitos», explica Christian Lavín, gerente de Auditoría y Compliance de Adactiva, quien ya está trabajando junto a líderes de pequeñas y medianas empresas en sistemas efectivos de prevención, que buscan limitar al máximo los riesgos.

El desafío no es menor, pues, a diferencia de las grandes corporaciones, las pymes no siempre cuentan ni con los recursos, ni con la experiencia para desarrollar e implementar modelos de cumplimiento robustos. “Muchas veces existe un solo control para la emisión de facturas, lo que se combina con una excesiva confianza frente a proveedores o clientes; o, simplemente, no hay personal especializado para advertir potenciales incumplimientos», comenta Lavín.

Sin embargo, este reto puede ser también una oportunidad, ya que, al verse obligadas a revisar sus procesos internos y a capacitar a su personal, las pymes pueden mejorar su eficiencia operativa y fortalecer su cultura de cumplimiento.

«El proceso ha motivado a gerentes, directores y altos ejecutivos a involucrarse más directamente en la operación y a mantener conversaciones más profundas con los distintos equipos, lo que ha mejorado la comunicación”, sostiene el gerente de Auditoría y Compliance de Adactiva.

Probidad y transparencia

 A lo anterior, se suman obligaciones adicionales para los proveedores del Estado que operan en mercadopublico.cl, pues, se les exigirá un estándar de probidad y transparencia más elevado. “A estas empresas se les exigirá tener implementado el manual de prevención de delitos.  De esta forma, se busca prevenir conflictos de interés y garantizar un comportamiento ético y transparente”, añade Cristian Montero, fundador de Adactiva.

Algunas recomendaciones de los especialistas en cumplimiento tributario son las siguientes:

• Evaluar los riesgos de la empresa, considerando su tamaño, giro, ubicación geográfica y relaciones con terceros.

• Desarrollar un código de conducta que establezca claramente los principios y valores de la compañía.

• Implementar canales de denuncia que permitan a los colaboradores reportar irregularidades de manera confidencial.

• Capacitar a todo el personal sobre la nueva ley y los procedimientos internos de prevención.

• Designar un encargado de prevención que reporte directamente a la alta dirección y tenga autonomía para investigar posibles ilícitos.

• Realizar auditorías periódicas para evaluar la efectividad del modelo de prevención y realizar ajustes cuando sea necesario.

También te podría interesar: Retail lidera en satisfacción al cliente y solo el 22% de los chilenos prefiere una sucursal física para atenderse